Defensa fiscal: qué hacer cuando el SAT ya te está revisando

El riesgo. No son lo mismo y no se contestan igual. Una carta invitación no inicia una revisión formal: es una insinuación de la autoridad para que te corrijas solo. Un requerimiento sí es un acto de autoridad, tiene plazo, y lo que contestes se queda en el expediente.

Dónde suele romperse. El empresario contesta rápido para "quedar bien", entrega información que nadie le pidió y le abre a la autoridad tres puertas que estaban cerradas. Responder pronto no es responder bien. Hay además un detalle que casi nadie ve: lo que contestes queda en el expediente y la autoridad lo usará cuando ejerza sus facultades de comprobación. La aclaración de una carta invitación no te abre por sí sola la puerta al tribunal, porque la Corte tiene resuelto que esa respuesta no es impugnable, así que lo que se gana o se pierde ahí es el material con el que después te van a fiscalizar.

Cómo lo defendemos. Primero clasificamos el acto y fijamos el vencimiento. Después decidimos qué se contesta, qué se acompaña y qué no. La respuesta se redacta pensando en el expediente que va a leer un auditor dentro de dos años, no en salir del paso esta semana.

El riesgo. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación permite al SAT presumir que una operación no existió cuando quien expidió la factura no contaba con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar el servicio o entregar el bien, o cuando está no localizado.

Hay dos momentos y no conviene confundirlos. Primero se publica un listado de presuntos, y ahí el proveedor todavía puede desvirtuar. Si no lo logra, se publica el listado definitivo, y el efecto de esa segunda publicación es que sus comprobantes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, con efectos generales. Ahí es donde tu deducción y tu acreditamiento, o sea el IVA que restaste, quedan en el aire, aunque tú hayas pagado de buena fe.

Tu plazo. Desde que se publica el listado definitivo tienes 30 días para acreditar ante la autoridad que efectivamente adquiriste los bienes o recibiste los servicios, o para corregirte con declaraciones complementarias. Si no haces ninguna de las dos y la autoridad lo detecta después, determina el crédito fiscal. Ese mismo supuesto es, además, causa para que te restrinjan los sellos digitales.

Dónde suele romperse. En que solo tienes la factura y la transferencia. La regla práctica: si mañana te pidieran demostrar esa operación y lo único que pudieras enseñar fuera el comprobante, no tienes con qué sostenerla. La factura prueba que pagaste, no que el servicio existió.

Cómo lo defendemos. Reconstruimos la materialidad de cada operación cuestionada, que es la prueba de que la cosa ocurrió en el mundo real, con cinco piezas:

• Contrato firmado con objeto y alcance claros.
• Correos, mensajes o minutas de la negociación y del seguimiento.
• Entregables tangibles.
• Evidencia de que el proveedor sí tenía capacidad real: personal, activos, domicilio, alta ante el IMSS.
• Trazabilidad del pago con su registro contable.

Si quien aparece en la publicación eres tú como emisor, el artículo te da 15 días, contados a partir de la última de las notificaciones que te hagan (buzón tributario, portal del SAT y Diario Oficial), para manifestar lo que a tu derecho convenga, con una prórroga de 5 días por única ocasión que se solicita dentro de ese plazo y que no necesita que la autoridad la conceda. La autoridad valora las pruebas en un plazo que no excede de 50 días y, dentro de los primeros 20, puede pedirte información adicional, que se entrega en 10 días. Son plazos cortos y no se reponen.

El riesgo. Es el problema que convierte una discusión fiscal en una crisis de caja. Sin sellos no facturas, sin facturar no cobras, y la nómina no espera a que la autoridad resuelva.

Lo que dice la ley. La restricción temporal es el paso previo a que te dejen sin efectos el certificado. Tienes hasta 40 días hábiles para presentar la solicitud de aclaración; presentada, al día siguiente se restablece el uso del sello mientras se resuelve, y la autoridad debe resolver en un máximo de 10 días. Si dentro de ese trámite te requieren información y no la entregas, tu aclaración se tiene por no presentada, te vuelven a restringir y el reloj de los 40 días sigue corriendo (artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación).

Dónde suele romperse. En la aclaración presentada a las carreras, sin la documentación que sostiene el motivo alegado. Como el plazo de 40 días hábiles sigue corriendo, en la práctica queda margen para volver a presentarla mientras no venza; pero cada intento fallido te regresa a la restricción, y ahí es donde se va la caja.

Cómo lo defendemos. Atendemos primero la restauración de la operación y en paralelo el fondo. La aclaración se arma con soporte documental completo desde el primer envío, porque el objetivo es que el sello vuelva a operar, no ganar una discusión por escrito.

El riesgo. Son dos formas de revisarte: en la de gabinete te piden la documentación por buzón, sin pisar tu empresa; en la visita domiciliaria llegan. En ambas, la fiscalización dejó de ser una revisión de papeles y se volvió una revisión de hechos. La autoridad ya no pregunta si facturaste: pregunta si eso ocurrió.

Dónde suele romperse. En que nadie en la empresa sabe quién atiende, quién firma, qué se entrega y qué se dice. Cada acta que se levanta durante la visita es prueba, y se firma ahí mismo.

Cómo lo defendemos. Definimos el protocolo de atención antes de que entren, acompañamos la revisión mientras dura, revisamos cada acta antes de firmar y controlamos qué documentación sale de la empresa y en qué orden.

El riesgo. El artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite a la autoridad comparar lo que gastas contra lo que declaras. Si en un año tus erogaciones superan tus ingresos declarados, la diferencia se presume ingreso. Y para este efecto no solo cuentan los gastos y las compras: también los depósitos en tus cuentas bancarias, en inversiones financieras y en tarjetas de crédito. Le pega al socio en lo personal, no a la sociedad.

Dónde suele romperse. En los préstamos entre el socio y su empresa que nunca se documentaron, y en pagos que debieron hacerse por medios bancarios. La misma ley obliga a informar en la declaración anual los préstamos, donativos y premios que en el año excedan, solos o sumados, de $600,000. Y para que un gasto sea deducible, si pasa de $2,000 debe pagarse por transferencia, cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o servicios, o monedero electrónico autorizado. El combustible de vehículos, siempre por esos medios, aunque cueste menos.

Cómo lo defendemos. Documentamos el origen real de los recursos y formalizamos lo que existía de palabra. Y cuando el préstamo nunca se instrumentó, lo decimos: hay diferencias que se corrigen y otras que se defienden, y no son la misma conversación.

El riesgo. La deuda fiscal de la sociedad puede alcanzar el patrimonio personal de quien la administró o de quien tuvo el control. No es automática, y conviene decirlo con precisión: el artículo 26 del Código Fiscal la reserva para supuestos tasados, entre ellos no inscribirse en el RFC, no llevar contabilidad u ocultarla, desocupar el domicilio fiscal sin dar aviso, no enterar lo que se retuvo o quedar en el listado definitivo del 69-B. Tratándose de socios y accionistas, además exige que hayan tenido el control efectivo de la sociedad y se limita al porcentaje de su participación. Para el director general, el gerente general o el administrador único, alcanza la parte del adeudo que no se cubra con los bienes de la empresa, siempre que la sociedad haya incurrido en alguno de esos mismos supuestos.

Dicho en corto: no cualquier socio responde con lo suyo. El que manda y además tiene la casa desordenada, sí.

Dónde suele romperse. En la sociedad desordenada. Poderes vencidos, administrador que ya no está pero sigue inscrito, actas que nunca se asentaron, expediente de beneficiario controlador que nunca se integró. Esa última obligación es permanente: hay que obtener la información, conservarla como parte de la contabilidad y mantenerla actualizada. Cuando el SAT la pide, tienes 15 días hábiles desde que surte efectos la notificación, ampliables por diez más si solicitas la prórroga antes de que venzan y la justificas. La autoridad puede concederla, pero no está obligada.

Cómo lo defendemos. Este frente se defiende con documentos corporativos, no con argumentos fiscales. Por eso lo trabajamos junto con nuestra área corporativa.